Quiénes Somos

1. El escenario antes de la Reforma

Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.968, los asuntos de familia se resolvían en los Juzgados de Menores y en los Juzgados de Letras con competencia Civil. Si bien existía el valioso aporte de asistentes sociales y psicólogos en áreas específicas, el sistema dependía en gran medida de informes externos (SENAME, Municipalidades, Universidades, Centros de Salud, entre otros).

La principal carencia de este modelo radicaba en la falta de profesionales internos con la preparación técnica necesaria para evaluar la validez, confiabilidad y los paradigmas teóricos de dichos informes. Cada caso representaba una situación social compleja que exigía un abordaje profundo, pero las resoluciones terminaban basándose en un enfoque estrictamente legalista, con escasa integración interdisciplinaria y procedimientos demasiado generales.

2. El cambio de paradigma: Creación de los Tribunales de Familia

La creación de la judicatura de familia marcó un punto de inflexión. El mensaje del Proyecto de Ley del entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, delineó un objetivo claro que cambiaría nuestra historia:

«Que esa jurisdicción tenga un carácter interdisciplinario. Los tribunales que se crean requieren tratar el conflicto en su integralidad, considerando los múltiples aspectos involucrados, a fin de ofrecerles soluciones también integrales».

Con la Ley N° 19.968, se introdujo un modelo especializado. Es desde esta profunda necesidad que nace formalmente la figura del Consejo Técnico: un órgano permanente de asesoría profesional, encargado de comprender y explicar las dinámicas relacionales, factores sociales y de personalidad que originan y mantienen los conflictos familiares.

3. Nuestro propósito: Función y Rol del Consejo Técnico

Como Asociación Gremial ANCOT, estamos convencidos de que nuestra labor ha marcado un antes y un después en la justicia chilena. Somos el corazón psicosocial de los Tribunales de Familia.

Nuestro rol es claro: somos profesionales especializados en asesorar a la magistratura en los aspectos psicosociales de los conflictos. Esta alta especialización se refleja en un hecho evidente: somos los únicos profesionales del Poder Judicial a los que la ley les exige formación universitaria de postgrado y experiencia laboral previa.

Gracias a este enfoque, el sistema de justicia hoy respeta las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, integra perspectivas de género y protege a los grupos vulnerables en sintonía con los tratados internacionales.

4. Nuestra evolución: Dos décadas de desafíos

Para comprender dónde estamos, es fundamental observar el camino que hemos recorrido desde nuestros inicios:

5. La realidad actual: Entre el valor ético y la desigualdad

Hoy en día, el Consejo Técnico es considerado una pieza clave e insustituible de la justicia de familia. Las resoluciones ya no se basan solo en evidencias jurídicas, sino en un entendimiento integral del entorno social de las personas.

Sin embargo, enfrentamos contradicciones estructurales que comprometen nuestro bienestar. Desde nuestros orígenes, una decisión incomprensible ubicó al Consejero Técnico fuera de la escala de profesionales del Poder Judicial, generando una profunda disparidad salarial.

Nuestra hipótesis apunta a una discriminación estructural de género: al crearse el cargo, más del 95% de quienes lo ocupábamos éramos mujeres con profesiones asociadas a «labores de cuidado». Esto contrasta con el trato dado a otros profesionales de la administración incorporados en la misma época. Esta injusticia salarial ha validado, con el tiempo, otras irregularidades, como la constante delegación de funciones meramente administrativas que desvirtúan el objetivo legal de nuestro cargo.

6. La alta especialización y nuestra responsabilidad moral

El rol de la Consejería Técnica trasciende lo técnico; abarca dimensiones éticas ineludibles. Mantenemos una estricta imparcialidad y resguardamos la independencia judicial, sabiendo que nuestras recomendaciones impactan directamente la vida y el futuro de niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia.

Esta enorme responsabilidad nos exige una actualización constante frente a nuevas formas de violencia de género, diversidades familiares y cambios sociales. Es imperativo que el sistema de formación del Poder Judicial se fortalezca, exigiendo a todos los actores (incluidos administradores) capacitación en infancia y resolución de conflictos familiares.

7. Comentarios finales y un llamado a la acción

Nos preocupa profundamente la elevada y creciente carga laboral, agudizada por nuevas normativas (como la Ley N° 21.302 de Protección Especializada, la Ley N° 21.378 de monitoreo telemático o la Ley N° 21.430 de Garantías de la Niñez) que han sumado exigencias sin el correspondiente aumento de dotación.

A la luz de la realidad institucional, es urgente materializar tres demandas fundamentales:

• Mejorar las dotaciones: Aumentar el número de funcionarios y profesionales en los tribunales del país para hacer frente al volumen de causas.
• Reconocimiento profesional pleno: Eliminar toda forma de discriminación salarial, reconociendo estructural y económicamente el carácter especializado de nuestra labor.
• Erradicar la sobrecarga administrativa: Eliminar toda función que no sea propia de nuestro cargo y que nos desvíe de nuestra verdadera misión: la asesoría psicosocial especializada.

La justicia de familia es un ámbito dinámico que exige humanidad, sensibilidad y rigor. Como señaló Albert Camus:

«La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el presente».

Esa es la tarea que nos convoca: trabajar con compromiso para construir un sistema de justicia más cercano, digno y justo. Los invitamos a que este diálogo se transforme en acción y en políticas públicas reales.